San Pedro Sula, Honduras
“La denuncia interpuesta por Manuel Zelaya en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, es de mucho riesgo para Honduras”, reflexionó el abogado Rigoberto Espinal Irías, al final de la reunión que sostuvieron ayer los expertos en leyes que preparan la defensa del país ante el organismo internacional.
Luego de que LA PRENSA informara en exclusiva sobre la denuncia que Zelaya y los ex funcionarios Patricia Rodas, Rixi Moncada, Rebeca Santos, Enrique Reina y Edwin Araque interpusieron en la CIDH contra el país, la Procuraduría General de la República conformó una comisión interinstitucional para preparar la estrategia de defensa.
La comisión interinstitucional la conforman abogados de la Corte Suprema de Justicia, del Ministerio Público, de la Cancillería de la República, del Poder Ejecutivo, del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y del Congreso Nacional.
Espinal, ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los años 80, explicó que la denuncia de Zelaya es de riesgo por la forma en que éste “se maneja, es escuchado en el ámbito internacional, es un hombre que genera mucha simpatía y mucha credibilidad en el extranjero, a él se le cree aún cuando está mintiendo”.
Sin embargo, Espinal señaló que están optimistas y que contestarán el escrito a la CIDH antes de la fecha establecida.
La CIDH envió el documento a la Corte Suprema de Justicia y al Congreso Nacional el pasado 2 de febrero, por lo que Honduras puede contestar hasta el 2 de abril, pero lo hará el próximo 26 de marzo.
Preocupación
Entre otras peticiones, los denunciantes piden la instalación de una Constituyente, indemnización económica y la suspensión de las órdenes de captura.
En el país hay preocupación por la denuncia de Zelaya, debido a que históricamente el Estado pierde todos los casos.
Sobre este aspecto, Espinal señaló: “La comisión interinstitucional está haciendo un buen trabajo, bastante serio y completo.
Es lamentable una denuncia como ésta pero debemos tener claro en Honduras que la CIDH no tiene que estarnos halando las orejas para que respetemos los derechos humanos. El respeto a los derechos humanos debe ser fundamental en nuestro país”, puntualizó.
En “sesión permanente”
Ricardo Rodríguez, subprocurador general de la República, anunció que por el acercamiento de la fecha tope para contestarle a la CIDH y por lo relevante de la denuncia, la comisión interinstitucional se declaró ayer en “sesión permanente”, lo cual significa que sus miembros en cualquier momento pueden ser convocados de emergencia.
“Estamos en sesión permanente, aunque mantengo el criterio de que estamos preparados para contestarle a la CIDH.
Ya tenemos en nuestro poder los informes del Congreso Nacional, del Ministerio Público y de la Corte Suprema de Justicia. Sólo nos falta el de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel; el del Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados, Sanaa, el de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Hondutel y el de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Enee”, detalló Rodríguez.
El subprocurador añadió que Honduras tiene suficientes argumentos para desvanecer la denuncia.
“Es que no sólo hay que basarse en lo ocurrido el 28 de junio de 2009, sino lo que sucedió anteriormente de esa fecha, no podemos partir de un solo hecho, hay que agruparlos y plasmarlos en un documento para presentarlo a la CIDH”, manifestó el funcionario.
Aunque la denuncia de Zelaya no ha sido admitida o denegada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Rodríguez asegura que “no va a pegar porque hay mucha documentación, mucha información que la CIDH desconoce. La defensa de Honduras está bien preparada, hay verdaderos asideros jurídicos legales para hacer que ellos -miembros de la CIDH- se den cuenta de todo lo que pasó no sólo el 28 de junio, sino antes”.
Honduras contestará pese a error de proceso
Juristas internacionales son del criterio que Honduras no debe responderle a la CIDH hasta que envíe el documento vía Relaciones Exteriores, pues lo hizo a través de la Corte Suprema y el Congreso Nacional, con lo cual, según los expertos, desconocen al gobierno de Porfirio Lobo.
Con relación a este tópico, Espinal Irías expresó: “La CIDH no siguió el proceso normal, pero repito, vamos a responder”.
La defensa de Honduras
LA PRENSA consultó con varios juristas sobre los puntos más fuertes de la defensa de Honduras. Ellos coincidieron en que los denunciantes no agotaron las instancias internas.
“El hecho de que ellos no agotaran las instancias internas es uno de los puntos fuertes de la defensa, el mismo reglamento lo dice y la ley de la CIDH también, tenemos que ampararnos en esto”.
Roberto Herrera Cáceres, experto en derecho internacional, señala que la presencia de Rixi Moncada, una de las denunciantes, en los tribunales hondureños después de que presentara el reclamo ante la CIDH, demuestra la apertura del sistema judicial interno y contradice lo denunciado por Zelaya y sus allegados.
“Ellos debieron haber agotado el proceso interno. A Rixi se le están respetando sus derechos y garantías constitucionales, ella está tranquila en su casa.
Ahí está Tito Mejía tranquilo, ¿cuál es el problema entonces? Todas las instituciones han estado abiertas siempre a seguirles el debido proceso, si no se han presentado es porque no han querido”, puntualizó Herrera.
“Nadie puede retorcerla institucionalidad”
Ramón Custodio, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, dijo que nadie puede torcer la institucionalidad del pueblo hondureño, en relación con la demanda que interpusieron contra el país el ex presidente de la República, Manuel Zelaya, y seis de sus ministros ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“El Gobierno debe estudiar cada punto de la denuncia y responder en consecuencia, aunque la petición -de Zelaya- puede tener, y me parece que así es, una fuerte motivación e intención política.
Lo de la Constituyente es más de lo mismo. Nadie puede obligar al Estado ni al pueblo hondureño a torcer y hasta retorcer su institucionalidad”.
Custodio agregó: “Yo apoyo y apoyaré siempre la democracia, la cual depende de la institucionalidad, del Estado de derecho y de elecciones libres. Si la mayoría del pueblo votó, ésa es la voluntad libremente expresada”.
De acuerdo con el comisionado, “cada cosa planteada en la denuncia de Zelaya tiene su respuesta adecuada, es en esas respuestas en que hay que trabajar diligentemente y con inteligencia. Y finalmente uno siempre debe distinguir entre lo que es lo fundamental y lo que es secundario, porque los denunciantes parecen profesores de secundaria”.
miércoles, 17 de marzo de 2010
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